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Alcaldes contrataron directamente servicios de promoción y prevención en salud con una IPS indígena recientemente constituida, sin invitar a otros proponentes habilitados.

En actuaciones preventivas adelantadas en los municipios de Cumaribo y Puerto Carreño (Vichada), la Procuraduría General de la Nación evidenció presuntas irregularidades en los procesos de contratación adelantados por las administraciones locales para la prestación de servicios en salud, y desarrollo de las actividades de promoción y prevención descritas en los planes de intervenciones colectivas, hechos que fueron puestos en conocimiento de la instancia disciplinaria.

El pasado 30 de marzo el alcalde del municipio de Cumaribo suscribió de manera directa el Convenio Interadministrativo 030 por un valor superior a los $2.631 millones de pesos con la “IPS Indígena Matsuldani”, sin que hubiese mediado invitación para que las demás entidades legalmente habilitadas presentaran propuestas para contratar.

Conoció la Procuraduría que la Unidad Básica de Atención Nuestra Señora Del Carmen había radicado con anterioridad ante la Alcaldía de Cumaribo un portafolio de servicios que daba cuenta de su experiencia, infraestructura y condiciones como IPS pública acreditada, información que no fue tenida en cuenta para el proceso de contratación; el municipio optó por contratar directamente con la citada IPS indígena, creada el 12 de diciembre de 2011 y habilitada dos meses después por la Secretaría Seccional de Salud del Vichada.

Por su parte, en el municipio de Puerto Carreño se suscribió el Contrato Interadministrativo 001 del pasado 22 de marzo con la misma IPS indígena, por un valor superior a los $596 millones de pesos. La modalidad de selección fue contratación directa, sin que mediara explicación razonablemente motivada para no invitar a otros proponentes habilitados, entre ellos la Empresa Social del Estado Hospital San Juan de Dios Departamental, con sede en ese municipio, entidad que en la vigencia 2011 había prestado esos mismo servicios.

La Procuraduría halló en cambio la propuesta presentada por el representante legal de la “IPS Indígena Matsuldani”, donde se evidencia que posiblemente conocía con anterioridad las especificaciones y demás condiciones relacionadas con el contrato, como el contenido de los términos de referencia; se declara además que ninguna persona o entidad distinta tenía interés en esta propuesta ni en el contrato que como consecuencia de ella se llegaría a celebrar.

La Procuraduría Regional del Vichada ha puesto estos hechos en conocimiento de la instancia disciplinaria, por considerar que presuntamente se desconocieron los principios que rigen la actuación administrativa y la gestión contractual, en especial los de publicidad, transparencia y selección objetiva.

Vía: Prensa PGN.

Por: Redacción | 2056 lecturas

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