La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo advierte sobre las consecuencias que trae para una persona declararse en condición de deportada, expulsada o retornada para recibir asistencia humanitaria por parte del Estado, sin presentar tal situación.
Según la ley 599 de 2000 (Código Penal), el que obtenga una subvención, ayuda o subsidio proveniente de recursos públicos mediante engaño sobre las condiciones requeridas para su concesión, o callando total o parcialmente la verdad, podría recibir de 5 a 9 años de prisión (Art. 403ª).
Por tal razón, la entidad exhorta a quienes no han resultado damnificados por ser deportados o expulsados de Venezuela, que se abstengan de continuar solicitando Asistencia Humanitaria de Emergencia.
El llamado se hace para evitar que algunas personas aprovechen esta coyuntura para reclamar ayudas y asistencia humanitaria cuando no la necesitan o a nombre de otras personas, como ya se ha visto en otras partes del país.
De otro lado, la Administración Municipal se permite informar a las personas que han hecho retorno voluntario desde el vecino país de Venezuela, que su reporte podrán hacerlo en la Secretaría de Gobierno Municipal.
“Le aclaramos a estas personas que por ahora solamente estamos realizando el registro para reportarlo al Gobierno Nacional, que posteriormente los ingresará a sus bases de datos para gestionar las ayudas correspondientes”, afirmó Javier Gaona, secretario de Gobierno Municipal.